Concejales opositores impulsarán una ampliación del pedido de informes por las obras de integración socio urbana del barrio El Pantanillo, tras considerar insuficiente la respuesta del Departamento Ejecutivo. La iniciativa es encabezada por la edil del Frente Justicialista Lucía Miranda, junto a Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué, quienes señalan “profundos baches administrativos, contables y jurídicos”.
Días atrás, el Ejecutivo atribuyó la paralización del proyecto a la interrupción de desembolsos nacionales y a la posterior eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), programa a través del cual se financiaban las obras del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En el informe remitido al Concejo Deliberante, informó un avance físico certificado del 6,22% y sostuvo que las redes de infraestructura hídrica están finalizadas, a la espera de las conexiones.
Miranda cuestionó que la eliminación del FISU no explica por sí sola la situación actual y remarcó que antes de su cierre hubo transferencias. “Lo que no queda claro es el monto que recibieron y qué pasó con ese monto”, expresó. También puso en duda afirmaciones oficiales sobre la red de agua y parte de la infraestructura eléctrica frente a lo que describen los vecinos: “Ellos dicen que hicieron la red de agua y el tendido de la luz, pero lo cierto es que ahí no se ve nada de todo eso”.
La concejala advirtió, además, que LUMMA S.A., adjudicataria de la obra, dejó de trabajar en el barrio hace varias semanas y observó que el informe no aclara si el contrato fue rescindido o suspendido, ni qué medidas adoptó el Municipio para resguardar los recursos comprometidos.
En el proyecto que presentarán en el Concejo, los bloques opositores plantean una diferencia entre los fondos transferidos y el porcentaje de avance certificado, y señalan que la Municipalidad, como Unidad Ejecutora del convenio, debe garantizar la correcta aplicación de los recursos. Por ello solicitarán copia del contrato con LUMMA S.A., pólizas de seguro de caución, el expediente del Certificado de Obra N°1, extractos de la cuenta bancaria de afectación específica, comprobantes de gastos y la documentación técnica de las obras pendientes. “Creemos importante que el Ejecutivo haya respondido, pero de la lectura del informe surgen profundos baches administrativos, contables y jurídicos que hacen imperioso profundizar la investigación”, sostienen Miranda, Ferrarotti y Orué.
