En San Luis, alrededor del 61% de los estudiantes de tercer grado de primaria tiene un celular propio, cerca del 22% utiliza el de un familiar y aproximadamente el 17% no tiene acceso a un dispositivo, según datos del Operativo Aprender 2024. El dato se enmarca en un informe de Argentinos por la Educación que vuelve a poner en discusión el uso de teléfonos en las aulas.
A nivel nacional, el 58,6% de los alumnos de tercer grado ya cuenta con celular propio, el 23,2% usa el de un familiar y el 18,2% no accede a un teléfono, de acuerdo con el trabajo “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada.
Las brechas se observan entre provincias y por nivel socioeconómico. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego superan el 65% de estudiantes con celular propio, mientras que Misiones y Formosa rondan el 40%. Entre quintiles, el 63% del de mayores ingresos posee teléfono propio frente al 52% de los sectores más vulnerables. En el nivel secundario, 9 de cada 10 estudiantes tiene dispositivo propio, según Aprender 2023.
Qué dice la evidencia sobre prohibirlos
El informe señala que la evidencia científica aún no es concluyente. Las restricciones en las escuelas reducen el uso del celular y las distracciones, especialmente cuando se aplican durante toda la jornada. Pero los resultados en rendimiento académico son dispares: algunos estudios muestran mejoras moderadas —sobre todo entre estudiantes con menor desempeño o de contextos vulnerables— y otros no registran diferencias. En convivencia, algunas investigaciones detectan menos situaciones de bullying, mientras que otras no muestran cambios significativos.
Medidas en otros países y en Argentina
Según la Unesco, la proporción de países con algún tipo de restricción al uso de celulares en las escuelas pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026. Los enfoques varían: Francia, Países Bajos y Chile aplican prohibiciones generales; Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso solo con fines pedagógicos y bajo supervisión docente; en el Reino Unido cada institución define sus reglas. En Argentina no hay una normativa nacional unificada: 11 provincias cuentan con leyes, resoluciones o protocolos específicos.
Andrea Goldin sostuvo: “Los estudios controlados no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos. Más bien da la sensación de que se barre el problema bajo la alfombra. Esta es una gran oportunidad histórica para repensar el rol que queremos para la escuela. El futuro está en construcción”.
