Este martes, el Senado de San Luis dio media sanción por mayoría al proyecto de ley que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), enviado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
El RIPEE surge del trabajo en mesas sectoriales entre el Estado y actores productivos, y apunta a fomentar la inversión y la generación de empleo con incentivos fiscales, subsidios, financiamiento y acceso a inmuebles fiscales. Abarca actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios.
Principales herramientas
El senador Martín Olivero detalló que el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones prevé exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores por hasta 15 años: 100% durante los primeros cinco, 75% del sexto al décimo y 50% del año 11 al 15. Los proyectos serán evaluados por monto de inversión, empleo e impacto económico.
El Programa de Incentivos Fiscales, orientado principalmente a pequeñas empresas y comercios, otorgará un crédito fiscal de hasta el 50% de los tributos provinciales del período siguiente a quienes inviertan al menos el doble de los impuestos pagados el año anterior. Para la industria, se prevé la exención de Ingresos Brutos sobre lo producido en San Luis, con compromisos de inversión, producción, empleo y vinculación con proveedores locales.
En materia de alivio y regularización, se habilita convertir saldos a favor de Ingresos Brutos en certificados de crédito fiscal, incorporar un régimen de bloqueo fiscal y acceder a planes de pago en 3, 12, 24 o 36 cuotas, con una reducción del 10% para cancelación al contado.
Para impulsar empleo registrado, las empresas que incorporen beneficiarios del Régimen de Inclusión Social recibirán un aporte equivalente al beneficio que percibía el trabajador: hasta el 100% durante el primer año, el 75% en el tercer semestre y el 50% en el cuarto. También se autoriza al Poder Ejecutivo a instrumentar líneas de crédito, bonificar tasas, constituir fondos de garantía y facilitar financiamiento a proyectos productivos.
El régimen permite utilizar inmuebles fiscales mediante concesión, locación, comodato, derecho real de superficie o venta, priorizando iniciativas que generen inversión y empleo. Incorpora medidas de simplificación y modernización administrativa para agilizar trámites y puesta en marcha de inversiones.
Los beneficios podrán combinarse entre sí, excepto el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones y el Programa de Incentivos Fiscales, que serán excluyentes para un mismo proyecto. Serán compatibles con otros regímenes provinciales, nacionales o interjurisdiccionales, y se prevé articular con incentivos para medianas y grandes inversiones. La promoción del desarrollo económico y del empleo se declara política de Estado provincial.
“Es una herramienta para potenciar el sector privado, atraer inversión y generar empleo”, afirmó Olivero, quien sostuvo que “el Estado debe generar las condiciones para que el sector privado pueda crear nuevos puestos de trabajo”.
