Las quemas controladas son una herramienta para reducir la biomasa en los campos y deben realizarse únicamente con autorización previa de la dirección de Prevención y Gestión de Emergencia (DPyGE) y bajo condiciones meteorológicas específicas. Encender fuego sin permiso está penado por la ley.
Se trata de fuegos prescriptos: una acción planificada, intencional y controlada. Antes de otorgar el permiso, un equipo especializado inspecciona el lugar para verificar que existan condiciones de seguridad. En los procedimientos autorizados participan brigadistas de la DPyGE y bomberos voluntarios, que acompañan y supervisan la tarea.
Para solicitar la autorización, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2664-779372, por correo a [email protected] o de manera presencial en el ministerio de Seguridad en Casa de Gobierno (edificio sur, 1° bloque). El costo vigente es de $20.000 por la inspección y $2.000 por hectárea para la autorización.
La DPyGE remarcó que no están permitidas las quemas clandestinas. Quienes las realicen sin autorización pueden recibir sanciones económicas con multas de hasta $1.000 millones. Si una quema clandestina ocasiona daños, interviene la Justicia para evaluar el impacto y determinar responsabilidades, lo que puede derivar en una condena.
La etapa de quemas controladas comienza normalmente en enero. Hasta septiembre se trabaja con pajonales y bajo monte y, posteriormente, hasta noviembre, con escombros forestales. Desde agosto se considera una época de mayor riesgo de incendios, por lo que se extreman las exigencias para habilitar estas prácticas.
La dirección recomendó no realizar quemas sin autorización y mantener picadas contrafuego en buen estado como medida clave para evitar la propagación del fuego. También subrayó que la prevención es una responsabilidad compartida. Para más información, se puede consultar la página oficial de la Dirección.
