El intendente de Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez, presentó ante el Concejo Deliberante tres proyectos de financiamiento municipal, entre ellos un pedido de autorización para gestionar hasta $1.000 millones para obras públicas. Durante el debate, concejales opositores reclamaron que las intervenciones y los compromisos económicos quedaran establecidos por escrito.
Rodríguez asistió acompañado por el secretario de Gobierno y Deportes, Francisco Oviedo. El secretario de Hacienda, Francisco Leiva, estuvo ausente. La presentación se produjo en un contexto de dificultades de liquidez del municipio y atrasos en el pago de haberes a integrantes del gabinete y otros funcionarios.
De los $1.000 millones solicitados, el intendente explicó que unos $500 millones se aplicarían a pavimentación, repavimentación, hormigonado y trabajos de escurrimiento de aguas pluviales. Otros $300 millones se destinarían a infraestructura eléctrica, con un aporte municipal adicional de aproximadamente $110 millones, para una inversión total anunciada de $410 millones. Los $200 millones restantes serían para nuevas plazas y mejoras en espacios públicos existentes. También mencionó la finalización de la red de agua de Pantanillo, que se financiaría con recursos propios.
Los concejales opositores cuestionaron que la ordenanza estableciera destinos generales y reclamaron incorporar las obras concretas detalladas por Rodríguez. “Pónganlo por escrito lo que quieren hacer”, fue uno de los pedidos durante la discusión. También plantearon consultas sobre las condiciones de contratación, el costo financiero y la capacidad de pago municipal.
Rodríguez sostuvo que la autorización permitiría buscar las mejores condiciones entre entidades financieras y expresó su disposición a aceptar cambios en el articulado, aunque defendió la facultad del Ejecutivo para elegir las obras. Además, rechazó equiparar el financiamiento de infraestructura con el destinado a gastos corrientes y sostuvo que las obras perdurarán más allá de su gestión.
Las otras dos iniciativas contemplan un leasing con el Banco Hipotecario y un acuerdo transitorio en cuenta corriente con el Banco Supervielle. En el debate, el oficialismo defendió autorizar la gestión del crédito y exigir luego la rendición de cuentas, mientras que la oposición pidió conocer previamente las obras y las condiciones económicas.
