San Luis registró 2.720 muestras de orina para controles toxicológicos bajo la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la lucha contra el narcotráfico, según los datos consolidados al 22 de octubre del 2026. Hubo 86 personas con resultados positivos para alguna de las sustancias contempladas por la normativa, equivalentes al 3,16% del muestreo. Dentro de ese total, 17 casos correspondieron a sustancias ilegales, un 0,63%.
El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, presentaron el balance este martes en una conferencia de prensa. Amondarain sostuvo que los controles buscan fortalecer la transparencia y la responsabilidad institucional. La ley fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi y sancionada en noviembre de 2024.
Los exámenes son obligatorios, presuntivos y aleatorios. Fernández aclaró que una detección inicial no permite determinar si existe una adicción o un cuadro clínico. La persona con resultado positivo puede solicitar una revisión mediante una fracción de la misma muestra, que queda almacenada para ese fin.
El registro reúne a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de otras dependencias; en 2026 también incluye personal de los ministerios de Seguridad y Salud. Los datos personales se codifican para resguardar la identidad y cada semana se sortean 500 personas a través de la Caja Social y Financiera de la provincia. Las notificaciones se envían los miércoles por correo electrónico y WhatsApp, y las muestras se toman los jueves, entre 12 y 18 horas después del aviso.
A los funcionarios se les descuentan $27.500 de sus haberes por el test, mientras que el Estado cubre el análisis del personal sanitario y de seguridad. Hay cuatro puntos habilitados: el Hospital Vice Intendenta Verónica Bailone, en Villa Mercedes; el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis y el Hospital Pediátrico San Luis, en la ciudad de San Luis; y el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Juana Koslay.
Ante un resultado positivo, el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones activa un abordaje individual con profesionales de psicología, medicina y asistencia social. Su informe técnico permite evaluar si existe una adicción. Quienes acceden a esos datos tienen la obligación de mantener la reserva.
