La ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez fue condenada a prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, luego de que el tribunal la encontrara culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionaria pública.
El veredicto se conoció tras cinco jornadas de debate oral. El Tribunal estuvo integrado por Fernando De Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso, quienes analizaron documentación, declaraciones testimoniales y los planteos de las partes.
Fondos públicos bajo la lupa
La acusación sostuvo que desde el Ente Deportes se direccionaron recursos hacia el San Luis Fútbol Club, institución que Ramírez presidía. En el expediente se investigaron 188 transferencias que, en conjunto, alcanzaron los 166 millones de pesos.
Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, los fondos estaban destinados a cubrir viandas, traslados, equipamiento e insumos, y existió un mecanismo sistemático de autorizaciones que favoreció al club.
Uno de los ejes centrales fue la denominada “triple función” que ejercía la ex funcionaria: secretaria de Deportes, titular del Ente y presidenta de la entidad beneficiada.
Pedidos de pena y absolución parcial
Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó una condena de cinco años de prisión, mientras que la querella pidió siete años. La defensa, en cambio, reclamó la absolución y cuestionó la validez de las pruebas, además de denunciar irregularidades en la investigación.
El tribunal resolvió condenarla por los delitos vinculados al manejo de fondos, pero la absolvió por el beneficio de la duda en el tramo relacionado con la compra de un colectivo.
En sus últimas palabras antes de conocerse el fallo, Ramírez aseguró que actuó dentro de la ley y rechazó haber cometido irregularidades. También sostuvo que fue víctima de una persecución política y mediática.
Tras la lectura de la sentencia, se produjo un cruce entre la ex funcionaria y el fiscal de la causa cuando se retiraba de Tribunales.
Con este fallo, Ramírez se convierte en la segunda funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en recibir una condena por hechos de corrupción, luego de la sentencia contra el ex ministro de Seguridad Claudio Latini. El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control y administración de los recursos públicos en el ámbito provincial.
