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viernes, 23 octubre 2026

El Concejo de Merlo rechazó la autorización para tomar deuda por hasta $1.000 millones

El pedido de Leonardo Rodríguez preveía financiar obras y comprar bienes de capital, con fondos de coparticipación como garantía.

El Concejo Deliberante de Villa de Merlo rechazó este jueves, por cinco votos contra cuatro, la autorización para que la Municipalidad tomara deuda por hasta $1.000 millones. El pedido del intendente interino Leonardo Rodríguez estaba destinado a financiar obras públicas y comprar bienes de capital.

Votaron en contra Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones; Daniel Orué, del Socialismo Merlino; Jorge Cornejo, de Avanzar; y Mauricio Lamas, del espacio libertario. El despacho de comisión número 163 reunió cuatro votos a favor.

Los cuestionamientos durante el debate se concentraron en las condiciones del financiamiento y la documentación del proyecto. Miranda sostuvo que faltaban precisiones sobre las obras, sus presupuestos y las condiciones de contratación. Lamas también objetó la falta de proyectos ejecutivos, presupuestos desglosados y condiciones de devolución.

Orué advirtió sobre la situación económica del municipio y las dificultades para asumir nuevas obligaciones. Ferrarotti, por su parte, rechazó comprometer fondos de coparticipación sin conocer antes las tasas, los plazos y la capacidad de pago.

La presidenta del bloque radical, María José Álvarez, defendió el pedido: sostuvo que el proyecto identificaba los destinos del financiamiento y vinculó parte de las inversiones con el programa provincial Construyendo con Tu Pueblo.

Durante el tratamiento, Patricia Morandé propuso agregar un artículo para que el Ejecutivo debiera volver al Concejo con un proyecto específico cuando estuvieran definidos el banco, las tasas, los montos, las obras y la capacidad de endeudamiento. Esa moción también fue rechazada por cinco votos contra cuatro.

La autorización solicitada tenía una vigencia de doce meses y permitía contratar operaciones con una o más entidades bancarias, con recursos de coparticipación como garantía.

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