El sumario administrativo que enfrenta Virginia Aparicio, investigadora del CONICET y del INTA Balcarce con más de dos décadas de trabajo sobre plaguicidas, suelo y agua, reavivó en Villa de Merlo y el Valle del Conlara el debate por el uso de agroquímicos que tuvo fuerte presencia pública en 2013. Según su abogado, el proceso propone su exoneración del organismo. La científica vincula el trámite con los resultados de sus investigaciones; esa relación es denunciada por ella y su defensa y no está establecida como un hecho. Aparicio coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, orientado a estudiar la presencia y los efectos de plaguicidas en el ambiente y la salud, y participó en trabajos sobre su presencia en el agua de consumo.
En junio de 2013, vecinos y campesinos del Valle del Conlara se movilizaron por la ruta 5 por las fumigaciones, sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente y la actividad que Monsanto desarrollaba en campos de la región. El debate llegó al Concejo Deliberante, cuyos integrantes declararon de interés municipal la movilización prevista para el 7 de junio y resolvieron pedir informes a organismos provinciales y nacionales.
Una semana después, Gregorio “Goyo” Arias, productor del paraje Santa Martina, cercano a La Gramilla, afirmó que había sufrido un principio de intoxicación y que desde 2010 convivía con fumigaciones próximas a su vivienda. También sostuvo que la organización campesina había realizado exposiciones y denuncias ante organismos provinciales.
El 19 de julio, directivos de Monsanto estuvieron en Villa de Merlo. En esa ocasión confirmaron que la compañía utilizaba unas 1.700 hectáreas en el Valle del Conlara para la producción de semillas de maíz —1.200 de ellas arrendadas en La Gramilla— y negaron prácticas contaminantes o métodos de fumigación perjudiciales para la salud.
En 2015, Aparicio coordinaba una publicación del INTA dedicada al destino de los plaguicidas agregados al suelo. Actualmente, el CONICET incluye entre sus líneas de trabajo el transporte de plaguicidas y la contaminación de suelos y aguas subterráneas, ejes que atraviesan las preguntas que siguen ordenando el debate: qué ocurre con los productos aplicados, cómo se desplazan y hasta dónde pueden llegar.
