El Gobierno provincial avanzó en una nueva etapa de los análisis toxicológicos previstos por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la función pública. Mediante un convenio con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), los controles se ampliarán a personal policial, del servicio penitenciario y del sistema de salud pública.
El acuerdo fue firmado por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, y el decano de la facultad, Sebastián Andújar. A partir de este entendimiento, se proyecta la realización de alrededor de 6.000 análisis a lo largo del año.
Alcance de la nueva etapa
La ampliación incluye a agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario, así como a médicos, enfermeros y camilleros del Ministerio de Salud. Los estudios buscan detectar la eventual presencia de drogas ilegales, tal como lo establece la normativa vigente.
La ley, sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2024, alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado y ya fue adoptada por otras cinco provincias, según se informó. Esta será la segunda oportunidad en que los funcionarios se sometan a este tipo de controles.
Cómo se realizarán los estudios
Según lo estipulado en el convenio, la UNSL estará a cargo de la realización de los análisis. Las muestras de orina se tomarán en laboratorios estatales ubicados en San Luis y en Villa Mercedes.
