La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución 5525 de la Dirección de Defensa del Consumidor de San Luis y ratificó la “responsabilidad objetiva” de una entidad bancaria en un caso de estafa virtual. El fallo mantiene la multa de aproximadamente $2.000.000 y ordena el pago de un daño directo actualizado a favor de la clienta afectada.
“Es un caso que tiene especial importancia, de actualidad”, afirmó este jueves la directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Cecilia Hissa, quien destacó que la sanción se aplicó por haberse vulnerado el deber de seguridad. Explicó que la resolución fue apelada y luego revisada por la Justicia, que la consideró correctamente emitida y reafirmó la obligación de resarcir a la usuaria.
Hissa detalló que la denuncia surgió cuando una clienta desconoció operaciones registradas en su cuenta. La investigación acreditó que los delincuentes ingresaron más de 20 veces en un lapso de seis horas sin que los sistemas del banco generaran alertas o bloqueos preventivos, y que la víctima no actuó con negligencia al no compartir datos personales ni documentación.
La Cámara consideró que las entidades deben resguardar los activos de sus clientes conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional y al artículo 5° de la Ley de Defensa del Consumidor. Además, analizó a los usuarios en entornos digitales y los calificó como “hipervulnerables”.
En cuanto a acciones preventivas, Hissa señaló que la Dirección realiza talleres de educación financiera —en articulación con Ciberdelitos—, especialmente para adultos mayores. Indicó que, en el balance de los primeros seis meses, el 26,5% de las denuncias de hipervulnerables (adultos mayores) corresponde a estafas bancarias.
Sobre consultas por presuntos sobrecargos por morosidad, informó que hay 38 expedientes activos contra Mercado Pago, ninguno por intereses. Aclaró que la Dirección no tiene competencia para morigerar intereses pactados entre partes, y recordó que la Ley de Defensa del Consumidor habilita a quienes consideren usurarios o desmedidos esos intereses a recurrir a la Justicia (artículo 37). También remarcó el derecho de los consumidores a informarse sobre tasas y condiciones, y la posibilidad de reclamar si esa información no se brinda.
Recomendó no abrir enlaces de remitentes desconocidos, evitar contestar llamadas o videollamadas de números no identificados, no proporcionar datos personales y resguardar las claves en un lugar seguro. “Esta confirmación […] marca un antecedente muy importante para la protección de los derechos de los consumidores en lo que refiere a fraudes bancarios”, sostuvo Hissa.
