Este miércoles, en el Salón Azul de la Legislatura, se realizó la séptima reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria de ambas cámaras para continuar el análisis del proyecto de necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial. El encuentro, encabezado por el vicegobernador Ricardo Endeiza, reunió a legisladores y a autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), y se extendió por más de tres horas.
El abogado Cristian Altavilla brindó una exposición integral sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, en la que explicó los fundamentos y la necesidad de la reforma, el marco en que surge la iniciativa, los objetivos que persigue y cada una de las propuestas del texto.
Durante su intervención, Altavilla señaló que el objetivo transversal de la reforma es dotar de mayor institucionalidad a la provincia. Indicó que la iniciativa busca asegurar la alternancia y despersonalizar el poder, optimizar la eficiencia estatal y la austeridad republicana, y modernizar la arquitectura institucional. Además, detalló que el proyecto se apoya en tres ideas centrales: el fortalecimiento institucional, la necesidad de una gobernabilidad sin “campañas permanentes” y la construcción de un federalismo de vanguardia con la incorporación de nuevos derechos.
Entre los principales puntos abordados, se trataron: el límite estricto a la reelección del gobernador y vicegobernador, la incorporación del sistema de doble vuelta electoral, la eliminación de las elecciones de medio término mediante un ciclo electoral de cuatro años y la ampliación del período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
También se explicaron modificaciones destinadas a fortalecer la independencia de la Justicia, con la creación de un Ministerio Público extrapoder, cambios en el Consejo de la Magistratura y la incorporación de un límite de edad para futuras designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
Otro de los ejes desarrollados fue la incorporación de derechos de cuarta generación, entre ellos la protección de la identidad digital, la conectividad y los datos personales frente a los algoritmos; la jerarquización constitucional del agua como recurso estratégico; y el fortalecimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
Finalmente, se presentaron las propuestas vinculadas con la autonomía provincial y las relaciones institucionales: la incorporación de una cláusula federal, una mayor participación en el régimen de coparticipación y la posibilidad de establecer capitales alternas mediante una ley especial.
