La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles, por 30 a 9, al proyecto de ley de Desendeudamiento Familiar enviado por el Poder Ejecutivo provincial, que apunta a aliviar compromisos financieros de hogares sanluiseños y a impulsar el consumo local.
Alcances del programa
La propuesta prevé exenciones de Ingresos Brutos y Sellos en las operaciones vinculadas a planes de refinanciación, para que entidades bancarias, proveedoras no financieras de crédito, empresas de tecnología financiera y otras autorizadas por el Banco Central ofrezcan mejores tasas y plazos. Los planes deberán contemplar un mínimo de 24 meses de amortización, al menos dos meses de gracia, tasa nominal anual tope que no supere en más de 10 puntos porcentuales a la TAMAR, y una cuota que no exceda el 30% de los ingresos del grupo familiar. No podrán cobrarse gastos administrativos, comisiones ni honorarios por el otorgamiento, y las entidades deberán implementar capacitaciones gratuitas en finanzas familiares y prevención del sobreendeudamiento.
Serán alcanzadas deudas con mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley, y los deudores deberán tener domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años. Se permitirá consolidar obligaciones provenientes de distintas entidades y, a pedido de UPCN, se incorporó la posibilidad de incluir compromisos por servicios públicos de competencia provincial, según determine la reglamentación (por ejemplo, EDESAL).
Incentivos al consumo y debate
Las entidades que adhieran podrán presentar planes de estímulo al consumo local con descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otros beneficios, a cambio de un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente otorgado a los usuarios. “Las exenciones impositivas a los planes de refinanciamiento actúan, en la práctica, como un mecanismo de inversión pública indirecta a favor de los ciudadanos deudores”, sostuvo el diputado Nicolás González Ferro, quien citó además que la mora de créditos a hogares a nivel nacional alcanzó el 17,5% y que, según el Banco Central, el servicio de deuda absorbe cerca de una cuarta parte del salario mensual.
La diputada Eugenia Gallardo definió la propuesta como una herramienta para una problemática extendida y destacó que “hubo una aprobación de la mayoría de los presentes” en la reunión de la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía con APUNSL, UPCN, ADU, el Centro de Almaceneros, la Cámara de Comercio de San Luis y ATE.
