La causa por la muerte de Magalí Morales registró este lunes un avance clave, a casi seis años del hecho ocurrido el 5 de abril de 2020 en Concarán. En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía N°1, a cargo del juez Nicolás Coppola, fueron imputados cuatro efectivos policiales por su presunta participación en el caso.
Imputaciones y prisión preventiva
El magistrado resolvió imputar al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y al oficial Marcos Dionisio Ontiveros como presuntos autores de privación ilegítima de la libertad, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos que se encuadran en concurso real. Ambos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por 90 días.
En tanto, la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres fueron imputadas por omisión de denunciar torturas y omisión de los deberes del oficio. En el caso de Argüello, se agregó además el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para ambas se dispusieron medidas restrictivas por 120 días: no podrán salir de la provincia ni del país, tienen prohibido acercarse a familiares de la víctima y deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
Durante la audiencia, que fue transmitida en vivo por los canales oficiales del Poder Judicial, las defensas plantearon nulidades, pero esos pedidos fueron rechazados por el juez.
El hecho que originó la causa
Magalí Morales, de 39 años, fue detenida el 5 de abril de 2020 mientras circulaba en bicicleta, en el contexto del aislamiento por la pandemia, y trasladada a una dependencia policial. Horas después, fue encontrada sin vida dentro de una celda, en un episodio que generó una fuerte conmoción social y dio lugar a un extenso proceso judicial.
De acuerdo con la investigación, durante su permanencia en la dependencia se habrían escuchado gritos y pedidos de auxilio de la mujer, quien manifestaba que no podía respirar. El fallecimiento fue constatado recién en horas de la tarde.
La resolución adoptada en esta etapa marca un paso relevante de cara a un eventual juicio oral y público, luego de años de demoras y recursos que postergaron el avance del expediente. El caso continúa siendo uno de los más resonantes de la provincia y mantiene vigente el reclamo de verdad y justicia por parte de la comunidad.
