La jueza de Garantía N.º 4 de San Luis, Luciana Banó, rechazó el viernes 6 de noviembre el pedido de sobreseimiento del exministro de Seguridad Luciano Anastasi en la causa por presuntas irregularidades en fondos destinados a refacciones de dependencias policiales. El exfuncionario continúa imputado por presunto fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación, a cargo de la fiscal de Instrucción N.º 6, Linda Maluf, abarca obras en La Toma, San Francisco del Monte de Oro y Cortaderas. La hipótesis fiscal sostiene que se transfirieron recursos provinciales a municipios para trabajos que no se habrían realizado conforme a los contratos y sin los controles necesarios.
Los convenios bajo investigación
Cinco acuerdos firmados en 2022 entre el Ministerio de Seguridad y los municipios de La Toma y San Francisco del Monte de Oro establecían anticipos del 30% y un plazo de ejecución de 60 días. Los contratos de La Toma sumaban $8.801.502,25 y los de San Francisco del Monte de Oro, $7.337.352,38. Las inspecciones posteriores detectaron trabajos incompletos, deterioro de instalaciones y otras deficiencias.
En Cortaderas, la causa comprende un convenio de 2023 por cerca de $15 millones para refaccionar la Subcomisaría N.º 22. Lo firmaron el entonces ministro de Seguridad Claudio Latini y el exintendente Mario Canali. Según la acusación fiscal, hubo transferencias de dinero sin avances de obra acordes con esos desembolsos.
Los argumentos de la defensa y la decisión judicial
La defensora oficial Cecilia Cabello sostuvo que los contratos y las transferencias se ajustaban a la normativa, que la ejecución correspondía a los municipios y que los organismos de control habían aprobado las rendiciones. También señaló que Anastasi dejó el cargo el 21 de diciembre de 2022. La Fiscalía se opuso al sobreseimiento porque consideró que una aprobación contable no acredita por sí misma la realización de los trabajos.
Banó entendió que deben esclarecerse las responsabilidades de control del exministro. Sobre La Toma, observó que los plazos vencieron mientras Anastasi seguía en funciones y que en la causa no figuraban intimaciones al municipio para exigir el cumplimiento. En cuanto a San Francisco del Monte de Oro, consideró necesario determinar si autorizó nuevas transferencias con conocimiento de presuntos incumplimientos previos.
La magistrada también dispuso la inhibición general de bienes por 180 días de otros cuatro imputados: el exministro Juan Claudio Latini y los exintendentes Ernesto Nader Alí, de La Toma; Jeremías Adrián Vivas, de San Francisco del Monte de Oro; y Mario Marcelo Gustavo Canali, de Cortaderas. La medida fue pedida por la Fiscalía y acompañada por Fiscalía de Estado para preservar patrimonio ante un eventual decomiso en caso de condena.
Respecto de Anastasi, rechazó un nuevo embargo porque ya pesa una medida sobre un inmueble de la ciudad de San Luis hasta cubrir $5.857.807. Tampoco hizo lugar a las medidas de coerción personal solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la prohibición de salir de la provincia y la firma periódica del libro de imputados, porque no se acreditaron riesgos procesales concretos.
El expediente está en etapa intermedia, con acusación y requerimiento de elevación a juicio presentados por el Ministerio Público Fiscal. Resta resolver si habrá juicio oral. El rechazo del sobreseimiento no constituye una declaración de culpabilidad.
