San Luis: el Senado convirtió en ley la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil

La reforma contempla alternativas al encierro, capacitación obligatoria de operadores judiciales y medidas de protección para las víctimas.

El Senado de San Luis convirtió en ley este martes la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, que establece procedimientos específicos para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.

La reforma adapta esas normas a la Ley Nacional 27.801, que redujo la edad de imputabilidad penal a los 14 años. El régimen incorpora garantías procesales, mecanismos de reparación del daño y medidas orientadas a la reintegración social, con la privación de la libertad como recurso excepcional.

Durante el tratamiento, el senador Martín Olivero explicó que el proyecto había sido analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Señaló que se apoya en los principios de especialidad, proporcionalidad y mínima intervención, y destacó la separación entre el proceso penal y el sistema de protección integral de derechos, “impidiendo que la vulnerabilidad social derive en respuesta punitiva”. También indicó que jueces, fiscales y defensores deberán contar con especialización y capacitación obligatoria.

Alternativas al encierro y protección de las víctimas

Entre las herramientas previstas figuran la mediación penal juvenil, el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado. La ley también contempla la amonestación, los servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño a la víctima como alternativas a la privación de la libertad.

Cuando sea necesario disponer el encierro, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de los adultos y con personal capacitado. Las medidas tendrán que ser proporcionales, revisables y durar el menor tiempo necesario, procurando sostener la continuidad educativa y la reintegración social.

La norma regula además el uso de cámara Gesell para las declaraciones judiciales de niños, niñas y adolescentes, con intervención de profesionales especializados para evitar la revictimización. Para víctimas adultas en situación de vulnerabilidad, prevé una evaluación técnica que determine si necesitan modalidades específicas de declaración ante riesgos para su salud psicofísica.

El proyecto fue firmado por Poggi durante un plenario sobre el régimen juvenil en el que participaron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese encuentro también firmó medidas destinadas a adecuar la infraestructura de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y fortalecer los recursos para aplicar la normativa.

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