Estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y vecinos marcharon este jueves en Villa de Merlo en defensa de la universidad pública. La quinta Marcha Federal Universitaria recorrió el trayecto entre avenida del Sol y Eva Duarte y la plaza Sobremonte, con reclamos por el financiamiento, los salarios y las becas.
La rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), Agustina Rodríguez Saá, y la decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Agustina Generoso, encabezaron la columna. Ambas sostenían un pasacalle con la inscripción: “En defensa de la universidad pública. Por la educación, la soberanía y la democracia”. Participaron integrantes de las dos instituciones, gremios, agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales y políticas.
Los manifestantes reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial para docentes y nodocentes y la actualización de las becas. También expresaron preocupación por los recursos para las actividades académicas, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las universidades. En la plaza Sobremonte, representantes estudiantiles y gremiales ratificaron la continuidad de los reclamos.
El planteo por el presupuesto de 2027
La jornada tuvo su convocatoria central frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, y movilizaciones en distintos puntos del país. En las inmediaciones del Parlamento se registraron graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El documento conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que las universidades podrían no estar en condiciones de sostener sus funciones durante 2027 si no cambia el financiamiento previsto. Según las organizaciones, el proyecto de Presupuesto nacional no incorpora las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario ni contempla recuperar las pérdidas del sistema universitario y científico. El CIN plantea un incremento del 33,4% sobre la propuesta del Ejecutivo.
La declaración también cuestiona el deterioro salarial y que las Becas Progresar permanezcan en $35.000 desde 2024. Las entidades sostienen que la gratuidad no alcanza para garantizar el acceso y la permanencia cuando los estudiantes carecen de recursos para transporte, materiales y otros gastos. En ciencia y tecnología, alertan sobre la caída de becas de investigación, las dificultades para mantener proyectos, la falta de insumos y los problemas de infraestructura.
Otro reclamo del documento es la derogación del DNU 70/23, al considerar que modificó o derogó leyes sin el debate legislativo correspondiente. Este jueves, la oposición intentó abrir una sesión especial en Diputados para tratar su derogación: reunió 121 legisladores, frente a los 129 necesarios para el quórum, y la sesión no comenzó.
