Diputados aprobó por 27 votos a 10 la adecuación del régimen penal juvenil en San Luis

La propuesta del gobernador Claudio Poggi fija procedimientos para adolescentes de entre 14 y 18 años e incorpora alternativas a la privación de la libertad.

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles, por 27 votos a 10, el proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil y lo giró al Senado. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, establece procedimientos para adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal.

La propuesta modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para aplicar la Ley Nacional 27.801, que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años. El régimen contempla garantías procesales, protección de las víctimas y alternativas orientadas a la reparación del daño y la reintegración social.

Entre las garantías previstas figuran la asistencia especializada, el derecho de los adolescentes a ser escuchados y el acceso a información comprensible sobre el proceso. También se incorpora el uso de Cámara Gesell para determinadas declaraciones y medidas de resguardo de la identidad y la privacidad. Los procedimientos deberán adecuarse a la edad, el desarrollo y la situación personal de cada adolescente.

El proyecto incluye herramientas como la mediación penal juvenil, el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado. Las medidas y penas previstas abarcan la amonestación, restricciones de contacto o de concurrencia a determinados lugares, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño a la víctima.

Para los casos de privación de la libertad, dispone el alojamiento en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y con personal capacitado. Las medidas de coerción deberán ser excepcionales, proporcionales, revisables y durar el menor tiempo necesario.

Durante el debate, la diputada Fabiana Zárate sostuvo que, tras la sanción de la normativa nacional, “es obligación de las provincias adecuar sus códigos de procedimiento”. También destacó el carácter socioeducativo de las medidas y la necesidad de respetar las garantías constitucionales y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El tratamiento estuvo precedido por un plenario con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el que participó Poggi. En cuatro paneles se abordaron las garantías de los adolescentes, los procedimientos y las alternativas a la privación de la libertad, además de las condiciones de implementación: infraestructura, capacitación y coordinación entre organismos. Durante ese encuentro, el gobernador firmó el proyecto y otras medidas vinculadas con la adecuación de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia y la adquisición de vehículos para esas dependencias.

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