La ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, Eugenia Sosa Herrera, presentó este jueves los alcances del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE) en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Luis. Durante la jornada, anunció que en noviembre estará disponible una plataforma online para presentar proyectos y realizar toda su gestión mediante una ventanilla única.
La exposición estuvo a cargo de la ministra y del director provincial de Ingresos Públicos, Alberto Crespo. En la apertura participaron la vicepresidenta del Consejo, Lorena Marcoleta, y el secretario, Oscar Alfredo Montero.
Sosa Herrera explicó que el régimen busca “fomentar la inversión y la generación de empleo en toda la provincia”. Sus cuatro ejes son los beneficios tributarios, el subsidio al empleo, la gestión y disposición de inmuebles fiscales y el financiamiento de actividades económicas. También contempla una línea complementaria de articulación entre el sector público y el privado.
Dentro de los beneficios tributarios, presentó Fomento a las Nuevas Inversiones (FONI), el Programa de Incentivos Fiscales (PIF), Exención a la Actividad Industrial y Alivio Fiscal. Al FONI pueden acceder personas con actividades de cualquier tipo desarrolladas en la provincia, mediante proyectos que cumplan montos mínimos de inversión y creen puestos de trabajo. La evaluación considerará la inversión, el empleo y el impacto económico. El programa prevé exenciones en Sellos, tasas administrativas, Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.
El PIF está destinado a contribuyentes de escala mediana y contempla créditos fiscales. La exención industrial, en tanto, se orienta exclusivamente a lo producido en San Luis y tendrá la contratación de personal como uno de sus requisitos centrales. Sobre Alivio Fiscal, Crespo explicó la transformación de saldos a favor en crédito fiscal transferible y abordó medidas de regularización y facilidades de pago.
El subsidio al empleo apunta a aumentar la cantidad de trabajadores del sector privado mediante la incorporación de beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Por cada contratación, se otorgará durante dos años un subsidio equivalente al beneficio del Plan, con una reducción gradual durante ese período.
En cuanto a los inmuebles fiscales de dominio privado, podrán destinarse a proyectos de actividad económica, inversión y empleo mediante concesión, locación, comodato o venta. El eje de financiamiento, por su parte, contempla instrumentos para facilitar el acceso a fondos, mientras que la articulación público-privada apunta a promover inversiones y ampliar las fuentes laborales.
